La “elección” el 10 de octubre pasado de Miguel Díaz-Canel como presidente de la República y de Esteban Lazo como presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) evidenció el inmovilismo del régimen estalinista que dirige Raúl Castro.

Fue un resultado directo de la nueva Constitución, que es en realidad el testamento que ha dejado  Raúl Castro para atar las manos de sus sucesores y evitar que surja un Gorbachov que haga cambios violatorios del legado de Fidel Castro de “construir” el feudalismo en Cuba.

Lo primero que hizo el presidente de la República fue mentir y manipular la realidad. Con el país sumergido en la peor crisis económica desde los años 90,  Díaz-Canel lejos de anunciar cambios para dejar de asfixiar las fuerzas productivas y poner fin a la escalada represiva contra opositores y periodistas independientes, afirmó que no hay de qué preocuparse, pues el “período coyuntural”  ya casi ha terminado y pronto todo  volverá a la normalidad.

Se puso de manifiesto, que como establece la Constitución, en Cuba el Partido Comunista (PCC) “es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.  Como el PCC se niega a hacer cambios estructurales el Jefe de Estado nada puede hacer, además de que tampoco quiere. Su misión es la de obedecer y no “andar inventando”, como se dice en la isla.

Se trata de un montaje de tipo institucional para hacer creer que en Cuba  se están haciendo movimientos fundamentales y así mantener a la población esperanzada en que “ahora sí construiremos el socialismo”, como asombrosamente dijo Castro II en 1987 luego de 26 años de implantar el comunismo.

Vale destacar que Díaz-Canel tiene ahora menos poder. Debe rendir cuentas a la ANPP y al Consejo de Estado (ente permanente de la ANPP entre sesión y sesión). Como Lazo debe rendir cuentas a los dos organismos que él preside (Consejo de Estado y ANPP), de hecho se rinde cuentas a sí mismo. Por tanto, en la práctica tiene más independencia y poder que el Presidente de la República.

Todo eso fue muy bien pensado por Castro II cuando impuso su testamento-Constitución: nadie en el estamento público civil de la nación puede tener demasiado poder, ni siquiera el jefe del PCC. Ahora los máximos cargos de dirección del Estado y el gobierno todos serán ejercidos por personas diferentes. Sin embargo, el “número uno” del país, el dictador, sigue siendo el mismo y lo será hasta que muera.

No es el presidente de la República de Cuba el máximo poder en la isla

Porque  en verdad no es el PCC  la máxima instancia de poder en la isla,  sino una de 14 ó 15 generales y comandantes históricos que encabeza el general Castro II. Esa jefatura militar es precisamente la que da la condición de dictador.

Pero esa Junta Militar es “invisible”, no da la cara,  opera tras bambalinas. El nuevo tinglado institucional erigido el 10 de octubre carece de poder político-militar real. Es la jerarquía subalterna en la estructura del .

El embuste de Díaz-Canel de que todo volverá pronto a la normalidad se lo permitió  la llegada a la isla de tres millones de barriles de petróleo que Maduro envió porque no tuvo compradores en el mercado, y como no tenía capacidad para almacenarlo lo mandó para Cuba. De no hacerlo tenía que detener la extracción de crudo, lo cual podía acabar con muchos pozos petroleros.

Pero ese combustible se terminará en menos de dos meses. EEUU va a tratar de impedir que de Venezuela siga llevando petróleo a Cuba. Rusia, no importa lo que diga Dimitri Medvedev, no regala petróleo. Y Cuba no genera recursos financieros para comprar crudo y  diesel.

Además el “Período Especial II” no es solo por la crisis de combustible. Se ha desplomado la producción de alimentos y de todo, hay escasez de medicamentos, contracción del sector privado, regreso a la tracción animal, hay  decenas de miles de trabajadores cesantes, etc.

Nada de eso lo va a solucionar el émulo de Osvaldo Dorticós  y Manuel Urrutia, los otros dos “presidentes de la república” en 60 años de castrismo sin el apellido Castro, y que igualmente fueron pura fachada del Estado, sin poder real alguno.

Por Roberto Alvarez Quiñones