El régimen castrista jamás se responsabiliza por sus acciones, como bien comentaron recientemente varios congresistas estadounidenses. Es toda una cultura enraizada en el tuétano de la dictadura instaurada por Fidel Castro en 1959. Por eso luego de la caída del avión rentado por Cubana de Aviación cerca del aeropuerto de La el gobierno rápidamente ha acusado a Washington y al “bloqueo” del “accidente”.

Sin embargo, sobran las evidencias que muestran la culpabilidad castrista. Más allá de las abrumadoras deficiencias técnicas, al final, las causas de esta catástrofe son políticas.

Basta responder esta pregunta: ¿Por qué el contrató los servicios de Damojh-Global Air, una entidad no miembro de la  Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA en inglés), institución que obliga a realizar rigurosas inspecciones periódicas de seguridad en vuelo y de calidad técnica? ¿Porque resultaba más barato o porque hay negocios turbios con ella?

La caída de ese Boeing 737-200 y la responsabilidad de la muerte de las 112 personas que iban a bordo es de la dictadura de Raúl Castro y su sistema comunista. El Estado castrista es el propietario de Cubana de Aviación la que, a su vez, es responsable de haber optado por arrendar ese avión y por garantizar su seguridad en ese vuelo.

El ingeniero Ernesto Rodríguez Martín, inspector de Seguridad Operacional de Cubana de Aviación, realizó entre 2008 y 2009 nueve auditorías a vuelos arrendados a Global Air que revelaron un fuego en la cabina de mando, gomas desgastadas y una explotada al aterrizar, carencia de salvavidas, salideros hidráulicos en los frenos, radar meteorológico inactivo y pobre preparación de las tripulaciones, entre otros problemas.

Este ingeniero de Cubana de Aviación recomendó “no contratar bajo ningún concepto” los servicios de Damojh-Global Air.  Pero esa empresa estatal del gobierno ignoró tan grave advertencia.

La del general Castro aplicó la lógica aprendida de su hermano: “Usemos el avión, y  si se cae, le echamos la culpa al bloqueo”. Pero las mentiras tienen patas cortas. La revista The Economist acaba de publicar un artículo en el que clarifica que el embargo no impide ni sanciona la venta a Cuba de aviones de pasajeros de fabricación estadounidense ni piezas de repuesto para reparar los que ya tenga en su flota.

Hay algo más. Los aviones de Cubana de Aviación para los vuelos nacionales son los que están en peores condiciones, los más viejos y peor mantenidos. Para los internacionales se utiliza lo mejor – o “menos malo”- de la flota aérea cubana.  La prioridad del gobierno no es la seguridad de sus ciudadanos, sino la de los extranjeros, con capacidad autónoma de poner pleitos legales multimillonarios por deficiencias del servicio y accidentes mortales como éste.

Ciertamente cualquier avión se puede caer por múltiples causas, pero cuando se contrata una empresa que ya ha confrontado críticas por su inseguridad y malas prácticas en Ecuador, Chile y Guyana levanta suspicacias. Mucho más cuando se trataba de este Boeing viejo y en pésimas condiciones que fue contratado pese a la temprana advertencia de un ingeniero de Cubana de Aviación de que no se hiciera. ¿Estamos ante una catástrofe o un magnicidio por negligencia criminal?  La tragedia -perfectamente evitable- es responsabilidad directa del modelo de estado totalitario, obsoleto e ineficiente que el general Raúl Castro se ha empeñado en mantener.

En este caso, 112 fallecidos en la catástrofe –queda todavía una joven debatiéndose entre la vida y la muerte- estarían vivos de no haber una dictadura comunista en Cuba.