¿Es beneficioso para el país que los campesinos hagan caso al Partido Comunista de Cuba y se agrupen en cooperativas? ¿Se aumenta la oferta de alimentos al obligar a los agricultores privados a vender hasta el 90% de sus cosechas al Estado?

La respuesta es no, ambas interrogantes operan en forma inversamente proporcional: a más control estatal, menos alimentos. Antes de 1959 toda la agricultura cubana era privada, no había cooperativas, y nadie tenía que vender al gobierno ni una malanga. Cuba era el país mayor exportador per cápita de alimentos de América, según la FAO.

Pero llegaron los hermanos Castro y estatizaron casi el 80% de las tierras. Se derrumbó la producción. Desde entonces se importa el 80% de los alimentos, lo que ha significado probablemente un gasto acumulado de unos $90,000 millones de dólares. ¿Cuánto se habría desarrollado la agricultura cubana de haberse invertido esa fortuna?

Durante seis décadas la dictadura ha presionado a los campesinos para que se agrupen en cooperativas y así poder controlar mejor la agricultura privada. Al comenzar el año 2019 había en la isla 2,468 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), en las que los campesinos conservan la propiedad de sus fincas, y 879 Cooperativas de Producción Agropecuaria CPA, en las que los agricultores renuncian a la propiedad individual y aceptan la colectivización de la tierra, cosa que mató de hambre a millones de personas en la URSS y China.

El régimen controla a los agricultores y abusa

Las CPA son las preferidas por el régimen, pues las controla centralmente con regulaciones, con el sistema de Acopio, los núcleos del PCC y la ANAP, la cuña partidista incrustada en el tuétano del campesinado.

Todos los agricultores privados, o sea, cooperativistas de las CCS y las CPA, los campesinos individuales y los usufructuarios de tierras, están obligados a entregar al Estado entre 8 y 9 libras de cada 10 libras del producto cosechado.

El gobierno obliga a que sean empresas estatales y no la spropias cooperativas las que compren (con dinero de la cooperativa) los insumos, siempre inapropiados, insuficientes y sumamente caros. El gobierno también decide qué sembrar y fija los precios, ahora con un tope tan bajo que está agravando la escasez de alimentos.

Los miembros de las CCS son propietarios de sus fincas pero el reglamento vigente prohíbe les prohíbe que cobren directamente por las cosechas. El importe de la venta va a la Junta Directiva, que es la que paga a cada cooperativista.

Pero esta paga “si puede”. Un ejemplo, el 24 de enero de 2021 un cooperativista dijo al periódico Juventud Rebelde que luego de 20 meses de que su cooperativa cobrara al Estado la venta de la cosecha, todavía no le habían pagado a él ni un centavo. El argumento de la Junta Directiva fue que el dinero se cogió “para pagar una deuda”. Está claro que el Estado utilizó el dinero y el cooperativista que se las arregle como pueda.

Los campesinos individuales son los más hostigados.

“Es mejor venderlo a la gente directo”

Los campesinos individuales son aún más hostigados. Hace unos días un periodista independiente entrevistó a un campesino llamado Hugo, de Pinar del Río, quien le contó: “Yo cumplí con la entrega comprometida de maíz de frío, pero se enteraron de que vendí el resto y me pusieron 200 pesos de multa. Tengo poco más de una hectárea y si no vendo por fuera, no vivo, porque Acopio siempre paga menos y hay además muchos descuentos para los impuestos”.

“Prefiero que me multen a entregar la cosecha…”

Otro agricultor individual, quien pidió el anonimato, explicó:  “Como no hay qué comer, no hay ni arroz ni nada, el maíz y lo que sea comida tiene una gran demanda y te pagan ahí mismo (…) es mejor venderlo directo a la gente. Se gana más sin necesidad de abusar. La gente sabe que ahora todo está caro (…) prefiero que me multen antes que entregar la cosecha. Yo siembro tres hectáreas de maíz y, si lo vendo a Acopio, dejo de ganar por lo menos 5.000 pesos y demoro en cobrar un mes o más el dinero.”

Podrían citarse infinidad de testimonios que plasman la irracionalidad del control socialista enfermizo de la agricultura, que expresa además el desprecio por los cubanos que tienen Raúl Castro y la mafia que lo sostiene en el poder.

Solo hay que escuchar a los agricultores privados

Es demasiado ostensible la necesidad de liberar el campo cubano de la camisa de fuerza que lo asfixia y está conduciendo la nación al borde de la hambruna.

Solo hay que escuchar a los protagonistas in situ, los agricultores cooperativistas e individuales. Prefieren pagar multas, por abusivas que sean, a seguir vendiendo al Estado que los empobrece a ellos y hambrea a la población.

Conclusión, los campesinos están marcando la pauta para acabar con el hambre. Es cuestión de sentido común exigir el desmantelamiento del estalinismo-maoísmo-castrismo-guevarismo en la agricultura. Dicha exigencia debe ser apoyada todos los cubanos. El tiempo se acaba. Es cosa de vida o muerte.